La Movilidad es un derecho que incide muy directamente en la salud, la calidad de vida y el bienestar de las personas.
Parece obvio que en sociedades democráticas como la nuestra, la ciudadanía deba intervenir en la toma de decisiones sobre los asuntos que le afectan. Y así lo reconocen la mayor parte de las normas que regulan la movilidad sostenible.
La clave es como plantear los procesos de participación para garantizar una participación efectiva de la ciudadanía que tenga en cuenta sus aportaciones, de forma que pueda darse un verdadero proceso de cocreación de las políticas públicas.
Una participación efectiva requiere:
Además de participar en los procesos que se desarrollen puntualmente en torno a asuntos concretos que así lo exijan, la ciudadanía debe contar con mecanismos que permitan su participación de forma continuada.
En este sentido, las administraciones deben abrir canales de comunicación permanentes, virtuales y presenciales, y promover órganos o mesas de participación representativas de los intereses implicados o afectados.
Estas mesas permanentes pueden habilitarse para tratar de las políticas de Movilidad Sostenible en su conjunto o constituirse para temas específicos como, por ejemplo, los foros de movilidad escolar que se ocupan de las políticas relacionadas con los caminos escolares seguros.
Por último, las administraciones deben promover y reforzar el tejido asociativo relacionado con la Movilidad Sostenible como asociaciones de usuarios de bicicletas o de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), de peatones, de defensa del transporte público, de personas con movilidad reducida, etc.